«Esta es la gran debilidad de muchas sociedades occidentales, el hecho de que confundan lo que es moral con lo que es legal. Y lo que ya no es condenado por la ley llega a ser velozmente objeto de un derecho». La frase de Patrick Verspieren, jesuita y experto en bioética, está tomada del editorial del último número de la revista «Études» y se refiere a la legalización de eutanasia y suicidio asistido que tuvo lugar en algunos países.
Verspieren, al comentar la posición de Corinne Van Oost, autora de un libro publicado en Bélgica a mediados de septiembre con el provocador título Médecin et catholique je pratique l’euthanasie («Como médica y como católica yo practico la eutanasia»), denuncia un riesgo de banalización y casi de costumbre respecto a hechos moralmente inaceptables cuando estos últimos son permitidos por la ley. Para el médico —en especial para quien trabaja tratando de asegurar a los moribundos la mejor condición de vida posible— esto representa el enorme riesgo de «perder el sentido de la transgresión que representa cada homicidio» y de acostumbrarse a la idea de que se pueda servir a la vida ayudando a morir. Las palabras de Verspieren se pueden leer también de modo más amplio respecto a las fundamentales cuestiones de bioética y de bioderecho presentes, a menudo de modo tan emocional y poco meditado, en nuestras sociedades.
Muchas veces se afirmó que la ley tendería a reglamentar algunas prácticas ocultas con el fin de hacerlas más seguras. La base a partir de la cual se movería el legislador sería, en otras palabras, un comportamiento ya presente en la sociedad: las eutanasias ocultas, los abortos clandestinos y el uso de sustancias estupefacientes, por poner sólo algunos ejemplos. El problema es que a menudo dar «factibilidad legal» a tales comportamientos puede terminar —esto es lo que nos dice con claridad Verspieren— por hacerlos también «moralmente aceptables», derribando ante los ojos de muchos, y también en nombre de la ley, los últimos obstáculos para su realización. Es como si se instaurase un círculo vicioso con consecuencias extremas: rápidamente se convertiría en un «derecho» lo que hasta hace poco tiempo antes era ilegal. También velozmente la ley perdería la propia positiva función educativa, cortando toda referencia moral, y la medicina misma se vería alterada en sus principios deontológicos.
Está claro —se deduce de las palabras de Patrick Verspieren y de las de la doctora Van Oost— que es aparentemente más fácil complacer los deseos, incluso ocultos, de la sociedad que remitirse a claros principios morales que incluso fueron y deberían seguir siendo los pilares fundamentales del derecho en los países así llamados avanzados. Está claro también, sin embargo, que complacer tales deseos cediendo a presuntos derechos inexistentes puede, por un lado, impulsar la ley a ir en la misma dirección y, por otro, generar un sentido de profundo sufrimiento e inquietud. «Practicar la eutanasia —admite Van Oost— significa correr el riesgo de acostumbrarse. Con el paso de los años lo hago cada vez con menos miedo, pero tengo de todos modos la impresión de ser la primera perdedora. Como médica y como cristiana».
El médico y el legislador tienen iguales responsabilidades y están llamados juntamente a la valentía, a tener el valor de ir en la justa dirección, interrumpiendo ese círculo vicioso que tiende sencillamente a legitimar y, al final, a incentivar todo deseo.