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Mientras Zapatero intenta mirar hacia otro lado ante el aborto ilegal en España, apuntando el PSOE a ofrecer más impunidad a través de suavizar la actual ley, niega alternativas al drama del aborto. Así, el Gobierno ha retirado la subvención a los centros de ayuda a embarazadas que gestiona la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. La ayuda se venía prestando ininterrumpidamente de forma anual y de ella se benefician más de 4.000 madres gestantes con dificultades económicas cada año. Pro Vida piensa recurrir la decisión Según comunica Pro Vida Valencia a HO, recurrirán esta decisión, y añaden que pese a ella no cejarán en sus denuncias contra la práctica del aborto "que priva del derecho a la vida a los seres humanos más desamparados y que condena a la mujer a afrontar situaciones que hipotecan su bienestar de por vida".
"Si lo que el gobierno pretende con esta decisión es acallar a los que defienden la vida y la dignidad de las mujeres, se equivoca. Seguiremos dando todo lo que tenemos por salvar la vida de tantos inocentes y la salud y bienestar de sus madres".
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Auqnue en principio no soy muy partidaria de subvenciones, si pagan los abortos es lógico que arrimen ele hombro. Provida no solo evita abortos sino ayuda a las madres y a mujeres que han abortado y sufren las consecuencias.
La Organización Médica Colegial se personará como acusación particular
Un psiquiatra admite que firmaba informes después de los abortos
Uno de los médicos detenidos el lunes reconoce que se falseaban los resultados de los tests | La Guardia Civil estudia informes hallados en la casa de uno de los psiquiatras
Enrique Figueredo | Barcelona | 19/12/2007 | Actualizada a las 03:31h
Uno de los dos psiquiatras detenidos el lunes por su supuesta implicación en la trama de abortos ilegales descubierta en Barcelona admitió tras su arresto que había firmado informes psicológicos de pacientes después de que se practicaran las intervenciones quirúrgicas, según han confirmado fuentes judiciales.
Los informes sobre el estado mental de una candidata a la interrupción voluntaria del embarazo son una cuestión previa ineludible antes de que pueda realizarse un aborto alegando problemas de salud mental para la madre. La firma de expedientes psicológicos una vez practicada la operación no sólo puede contravenir la ley sino los estatutos generales de la Organización Médica Colegial, organismo que agrupa a los colegios médicos de toda España.
La estrategia de los detenidos ante los investigadores ha variado algo con respecto al comportamiento que tuvieron el mes pasado los primeros arrestados por esta trama. En aquella ocasión, ni uno solo de los detenidos quiso hacer manifestación alguna ante los agentes del caso. Las cosas han cambiado. De los dos psiquiatras detenidos el lunes, uno trabajaba para una fundación y pasaba consulta en el CAP de la calle Manso de Barcelona; y el otro trabajaba en la prisión de Brians. Ambos han decidido colaborar, según fuentes conocedoras del caso. Los otros cinco médicos, tres ginecólogos y dos anestesistas, declararán hoy ante el juez, pues se espera que dejen las dependencias policiales a primera hora de la mañana. Declararán, con toda seguridad, ante la juez instructora Elisabet Castelló, titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, encargada del caso, pues se encuentra hoy en funciones de guardia.
El reconocimiento del psiquiatra de Brians de que ha firmado en el pasado informes psicológicos después de que la paciente ya hubiera sido sometida a la intervención quirúrgica se interpreta en medios judiciales como una especie de confirmación final de una actividad presuntamente irregular que ya estaba suficientemente probada con las diligencias practicadas hasta ahora.
Sin embargo, el testimonio de este psiquiatra podría comprometer la posición de los ginecólogos supuestamente implicados en la trama de las clínicas del doctor Carlos Guillermo Morín, pues supondría la confirmación de que practicaron intervenciones sin la documentación previa necesaria. Morín se encuentra encarcelado desde el mes pasado al igual que su mujer y una empleada de los centros médicos.
La toma de declaración de los dos psiquiatras se inició poco después de las 12 horas de ayer. A mediodía se hizo una pausa y se dio de comer a los siete detenidos bocadillos de butifarra blanca, acompañados de un litro y medio de agua para cada uno.
Por la tarde, los investigadores, además de continuar con las tomas de declaración, tuvieron tiempo de revisar los documentos intervenidos en el domicilio del psiquiatra de Brians. La entrada y registro en su domicilio de la calle Almogàvers se llevó a cabo el lunes a última hora de la tarde. Se hallaron informes psicológicos cuya relevancia o relación con el caso está todavía por determinar. Fuentes conocedoras del caso explicaron que, salvo sorpresas, no van a realizarse más entradas y registros, del mismo modo que es poco probable que haya más detenciones.
La Organización Médica Colegial emitió ayer un comunicado en el que anunció que se presentará como acusación particular en el proceso judicial que se sigue contra los implicados en la supuesta trama abortista de las clínicas Ginemedex. Precisamente, la salida a la luz pública de datos como que algunos facultativos firmaban informes médicos en blanco han llevado a la OMC a tomar la iniciativa de incorporarse como acusación particular. Además, la organización médica anunció que adoptará medidas disciplinarias internas. "En aquellos casos en que se demuestre falsedad documental en la extensión de certificados médicos, además de la condena por los delitos cometidos que establezca la ley, los facultativos se enfrentarán - se señala en el comunicado- a sanciones por falta deontológica muy grave por parte de su colegio de médicos".
El proceso sumarial se encuentra todavía lejos de culminar todavía en un juicio oral. Dado que las diligencias se encuentran bajo secreto sumarial, la juez instructora deberá volver a tomar declaración a todos los implicados para que todas las partes puedan formular preguntas. Durante el secreto sumarial, sólo el abogado defensor de cada uno de los imputados puede comparecer durante el interrogatorio judicial. La segunda ronda de interrogatorios en el juzgado asegura el derecho de defensa de todos los encausados.
En algún momento del proceso, las mujeres que se sometieron a los abortos ilegales y que sólo han hablado con la Guardia Civil tenderán que pasar por el juzgado siguiendo la lógico procesal. Por el momento, estas antiguas pacientes de Ginemedex tienen oculta su identidad bajo un código secreto cuyas claves sólo tiene la juez
Geli defiende sus inspecciones y pide una ley europea
La consellera Marina Geli reiteró ayer que Salut "hizo lo que debía": inspeccionó las clínicas, contrastó datos con el Col·legi de Metges "y no hallamos nada delictivo; si no, lo habríamos notificado al juez y cerrado las clínicas", dijo. "Si falsearon documentos o realizaron actos ilegales, la justicia lo dirá", afirmó.
Cuando acaben de declarar los médicos detenidos, Salut instará a los centros donde trabajan a expedientarles y a suspenderles si son imputados con cargos graves. El hospital de Sant Pau ya abrió expediente a los dos anestesistas allí empleados.
La consellera Geli apuesta por debatir "si se cambia la ley por una de plazos", pero pidió "un debate tranquilo, tras las elecciones y la investigación judicial". Y propone un debate entre los países europeos para armonizar las leyes dada la movilidad de pacientes.
M. Ricart