lfa & Omega, 02/08/07 - Intelectuales alemanes debatieron en los 80 sobre la posibilidad hoy de un Estado cristiano. Se preguntaban si la acción de un Gobierno podía ajustarse a las Bienaventuranzas. Hubo serias objeciones. En cambio, sí quedó claro este punto: los ciudadanos deben poder vivir según las Bienaventuranzas. A nadie se le puede exigir la fe, pero el ciudadano sí puede exigir al Gobierno que no le dificulte vivirla coherentemente, desde el respeto a los demás. El mismo principio se aplica a cualquier ideología.
Hemos pasado de una concepción negativa de los derechos (no injerencia del Estado), a otra positiva: el derecho a la educación, por ejemplo, no puede ser efectivo sin políticas activas. Refuerzan esta línea nuevas generaciones de derechos sociales, económicos, culturales y, últimamente, medioambientales. El origen de este movimiento se encuentra en el protestantismo alemán del siglo XIX y en siglos de doctrina católica, adaptados a la era industrial por León XIII en 1891.
Hoy, sin embargo, estos nuevos derechos positivos han adquirido un cariz alejado del doble principio que los inspiró: solidaridad y subsidiariedad. Quiere esto decir que el Gobierno debe trabajar activamente por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero sin intentar ocupar su lugar, ya que, de otro modo, los convertiría en súbditos. Por otra parte, la inflación de derechos ha conducido a su relativización y al peligroso planteamiento de que el Estado es fuente de todo Derecho, legitimado, por tanto, para regular hasta el detalle la vida de las personas, o a pervertir el contenido de derechos fundamentales que son anteriores a él.
El primer deber de un Estado es garantizar esos derechos fundamentales previos, como el derecho a la vida, o a la educación de los hijos, conforme a las propias convicciones. Si un Gobierno decide además ampliar el catálogo de derechos, bienvenido sea. Pero cuidado. El dinero es de los ciudadanos.
Ricardo Benjumea
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